Manifestación en Comodoro Py pidiendo justicia

Después de fallar a favor de una empresa que fuera cómplice de trata y explotación, el juez Oyarbide reconoció por radio que conoce cientos de casos de ese tipo. La querella de la causa apeló la medida.

Oyarbide exculpó a los dueños de la fábrica de indumentaria SOHO, aduciendo que los empleados trabajaban «obedeciendo a una práctica ancestral de explotación» e hizo referencia al «ayllu». (Un recurso que ya se había usado en la causa Nº 26.083 que inculpaba a Huarachi  Mamani Tito.)
Yanzón abogado querellante, en representación de Alameda y los costureros que pusieron al descubierto el sistema de explotación y trata que se practicaba en esos talleres dependientes de SOHO apeló la medida en audiencia oral ante la Cámara Federal integrada por Eduardo Farah y Freiler.
Donde pidió que «la justicia ascienda en la cadena de responsabilidades, contra los primeros responsables de las grandes marcas que someten a la servidumbre y condiciones inhumanas a migrantes bolivianos en su mayoría. Se desvinculan diciendo que no saben lo que pasa en los talleres.»
En conversación telefónica con Renacer el abogado manifestó que «el fallo prueba que existe una causa arbitraria, por eso hicimos hincapié en las declaraciones de los empleados de SOHO, en las actas de inspección que revela que había inmigrantes en condición irregular.»
Con respecto a la ausencia de políticas públicas para la reinserción de las víctimas y las otras 76 marcas que abarca la causa, remarcó «el Estado Argentino sigue sin hacerse cargo de las víctimas, ellos tendrían que resolver, nosotros pedimos que procesen a los responsables. Pedimos un criterio unánime sobre todos los casos y que se suba al escalón superior.»

El ayllu y la «careta de Oyarbide»
A la audiencia acompañaron el licenciado en antropología de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Abduca que se explayó en sus conocimientos teóricos y experiencia de haber vivenciado cerca a las comunidades originarias organizadas en «ayllu» o familias organizadas en cooperación solidaria.
Además el cónsul general de Bolivia, Gonzáles Samaniego, remarcó que no es su «intención ir en contra de la justicia» pero en este caso veía necesario «separar el error sobre el «ayllu» dando a conocer que es un sistema de ayuda solidaria y mutua entre sus integrantes y nada tiene que ver con este sistema perverso de la explotación, que responde al capitalismo.»  Y él admitía haber conocido ése modo de vida «a través de don Evo Morales y David Choquehuanca, personas que provienen de ahí».
Gustavo Vera también hizo su participación y en silencio acompañaron otros dos integrantes de Alameda; don Carmelo Sardinas de la Organización de Pueblos Originarios ‘Mink’akuy Tawantisu-yupaq’  y el Dr. Melquíades Oña quien asesoró a la organización para presentar el recurso legal «Amicus Curiae» haciendo referencia al error cometido por el juez Oyarbide en cuanto al «ayllu» presentado, ante la misma Cámara.
Afuera integrantes de la cooperativa de costureros de Alameda hizo su habitual escrache. Y para su líder, Gustavo Vera: «Oyarbide se sacó la careta. Demostró con su fallo su acuerdo con la contratación de inmigrantes indocumentados. Ahora se inhibió porque lo acusamos de coimero». Vera tiene fuerte esperanza que «la Cámara Federal va a revocar el fallo» según manifestó a Renacer.

La explicación de Oyarbide
Recientemente el juez Oyarbide fue entrevistado por Samuel «Chiche» Gelblung, en su programa Edición Chiche, por Radio 10 donde relató que en su juzgado recibe miles de denuncias por trata y explotación y aseguró que ha realizado muchas investigaciones en que casi siempre coinciden por sus características. «El punto es que cuando se presentan ante mi las personas explotadas, lo único que hacen es hablar bien de sus explotadores» dijo y luego amplió asegurando: «Recibo cientos de causas de este estilo: gente traída de países fronterizos con falsas promesas y que después terminan viviendo en lugares infrahumanos».
Y dio su explicación para no fallar a favor de las víctimas: «No se puede entrar y confiscar todas las máquinas porque esas personas se quedan en la calle y pasan a vivir en situaciones mucho peores que las que estaban».
Tal vez, el juez no se enteró que el año pasado se sacó por Decreto Nº 1281/07 «Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas» dentro del ámbito del Ministerio del Interior y recientemente una Ley con la misma intención. De haberlo sabido, habría podido exhortar al ejecutivo para que lo aplique.

Amparo Bellot