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Los cortaderos de ladrillos son lugares donde trabajan muchos bolivianos en condiciones lamentables |
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Durante el mes de septiembre se detectaron casos de explotación laboral a bolivianos en distintas provincias del interior del país. Mendoza es una de las provincias mas afectadas.
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El día viernes 2 septiembre, agentes de la AFIP detectaron en una obra de barrio cerrado en Guaymallén a más de una decena de obreros de origen boliviano en situación de precarización laboral.
La Dirección General de Recursos de la Seguridad Social realizaba un operativo de cumplimentación del Índice Mínimo de Trabajadores (IMT), en un barrio cerrado ubicado en calle Estrada al 1300 de Guaymallén. Allí hallaron a 17 trabajadores bolivianos que realizaban la urbanización de un complejo y no contaban con la documentación necesaria para trabajar ni estaban declarados por su empleador, también de nacionalidad boliviana.
De acuerdo al delegado de la AFIP en Mendoza, Luis Fernández, “todos manifestaron que trabajaban para Onofre Paco Vega, quien en un primer momento decía no tener nada que ver con la obra”. Luego se descubrió que Paco Vega era accionista y vice presidente de la firma constructora Chilcaneños SA; y que no había realizado pagos a la AFIP por Ganancias, IVA o Bienes Personales.
Los agentes del fisco comenzaron a investigar su estado financiero y los medios locales, sorprendidos por el patrimonio y la magnitud del emprendimiento que manejaba el empresario boliviano, se encargaron de desmenuzar cada detalle relacionado al acusado: “Realizó al menos 58 operaciones de compra-venta de inmuebles en los últimos tres años, por un valor superior a 5,5 millones de pesos. Se descubrió que el presidente de la firma no era el capataz, sino la madre de Onofre Paco Vega, una mujer que no declara ninguna actividad ante la AFIP y que compró en 2008 el 50% de una camioneta Toyota Land Crusier valuada en $422.000 y es titular de seis propiedades adquiridas en el 2005. Además, en los últimos años vendió 8 propiedades, cotizadas en cifras millonarias. La AFIP también rastreó las propiedades vendidas por Paco Vega y se observó que se encuentran en complejos de similares características, y que los precios por los que se comercializan son hasta tres o cuatro veces superiores a las declaradas en las escrituras.”
El operativo fue realizado, en la zona sur de Villa Nueva (Guaymallén), donde la industria inmobiliaria y las constructoras privadas cotizan el metro cuadrado en valores sumamente altísimos. En un contexto de crisis habitacional generalizado, el negocio para las constructoras (de cualquier nacionalidad) es redondo y su “espíritu inversor” encuentra otro aliento en las condiciones de superexplotación a las que somete a la mayoría de sus obreros. Quienes, en muchos operativos de regulación de personal, es muy habitual encontrar a indocumentados, destacándose también los rubros textil y agropecuario, según información brindada por el delegado de AFIP.
En el detalle por sectores de la economía, un informe de AFIP especifica que de los casi 5000 trabajadores encontrados en situación de precariedad, más de 3000 están en el sector agropecuario, rural y actividades relacionadas tales como explotación hortícola, olivícola, desflore de maíz y cereales, vitivinícola, cosecha de frutas y papas.
El segundo lugar lo ocupa la construcción y la fabricación de ladrillos, con 646 empleados esclavizados. El tercer puesto de los abusos lo pelean el sector Forestal, con 545 trabajadores, y las estrella de la ilegalidad en los últimos años, los talleres clandestinos de confección de indumentaria. Este sector, con fuerte presencia en distintos barrios de Capital Federal, el cono urbano y algunas zonas de Córdoba, se descubrió en su mayoría empleados de nacionalidad peruana y boliviana indocumentados y hacinados.
Nancy Colque
