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Operativo en el barrio de Liniers |
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Los obstáculos que ponen las autoridades al momento de realizar los trámites pertinentes para la regularización migratoria.
Los días 7 y 15 de julio se llevaron a cabo charlas informativas sobre los derechos de los migrantes organizadas por la Asociación Civil Trama y el Programa "Todas" dependiente de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que surge del pedido de varias organizaciones de las diferentes colectividades residentes en la Capital.
El Dr. Pablo Ceriani fue el encargado de informar sobre la Ley de Migraciones Nº 25.871 y analizar la situación actual del migrante; quien responde a una de nuestras inquietudes diciendo “la ley establece criterios específicos para que los sudamericanos tengan derecho a tener la residencia permanente o por dos años, ese es el tratamiento favorable que da la ley, igual no significa que en la vida cotidiana la practica no sea una carrera de obstáculos o de abusos. Es cierto que en la practica unos cambios positivos generó esto, alcanza con ver las estadísticas de regularización de los años 2005 hasta ahora y del 2005 hacia atrás incluso el año 90… Con eso no niegas ninguna de las arbitrariedades que pasan en cada uno de los casos. No hay que ponerse ni todo en contra y ni todo a favor…”
Estas dos últimas frases las viví en la comisaría de mi barrio cuando “paisanos” que viven en la villa fueron despachados sin mayor explicación que “el cartero de esa zona ya salio” cuando reclamaban por su certificado de domicilio. Eran las 7 de la mañana habían 4 personas y dos de ellas mujeres con bebes en brazos que contaban que hacía un mes que lo solicitaron. Mientras que a su lado eran entregados los certificados a aquellos extranjeros que no viven en zonas marginales. ¿Será que las resistencias se trasladaron de las oficinas de migraciones a las de la Policía Federal o la violencia institucional esta presente en todas partes?
Al parecer no era algo aislado ya que en la misma reunión donde el Dr. Ceriani hablaba de los derechos de los migrantes y en la que solicitaba pensar en estrategias de difusión además de considerar las formas de capacitar y mejorar la disposición de algunos de los funcionarios públicos, contaban la historia de algunas familias a las que les rompen los certificados en su cara diciéndoles que están en casas tomadas y que ellos son delincuentes, que nunca jamás van a obtener el certificado.
Si en algo se puede estar de acuerdo es que no todo es malo, simplemente es cuestión de seguir la ley, la cual menciona en su artículo 9º que los migrantes y sus familiares tienen derecho a recibir información acerca de todas las cuestiones que permitan o faciliten cumplir las formalidades administrativas o de otra índole en la República Argentina.
Asimismo, es pertinente decir que lo bueno de la ley es que en su art. 13 se “consideran discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión, política o gremial, sexo, genero, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, restringían o de alguno modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes”.
Artículos que hay que tener en cuenta en el momento de guiar a nuestros compatriotas cuando lleven a cabo dicho trámite y evitar en lo posible las malas prácticas en las diferentes instituciones públicas.
Lo abordado hasta el momento es un breve acercamiento a sobre las dificultades que viven los migrantes a la hora de vivir en este país que si bien tiene una legislación progresista, a la hora de efectivizarla no parece tan así.
Geraldine Crider
