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Asignación universal por hijo trata de recuperar lo perdido en el 2001 |
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El plan social aporta 180 pesos mensuales por hijo a las familias más necesitadas, bajando la indigencia infantil aunque no llega a eliminarla.
Que cada niño y niña del país reciba un beneficio económico por ir a la escuela y gozar de buena salud, educa no solo a los chicos sino también a los padres y al conjunto de la sociedad que necesita comprender que un país con niños y adolescentes sanos y educados es un país con futuro. La medida fue emitida por decreto de la presidenta el año pasado y tiene su lados positivo y otros que no tanto, pero lo más destacable sin lugar a dudas es que demuestra que las batallas sociales del campo popular pueden librarse con buenos resultados, y que los destinatarios son los niños, los sujetos más vulnerables de la sociedad que los amenaza con hambre, drogas y criminalización.
Según datos oficiales el plan social beneficia a 3 millones de menores de 18 años, cuyos padres son desempleados, trabajan en el mercado informal, el servicio doméstico y reciben menos del salario mínimo, o son monotributistas sociales. Para recibir el beneficio, los niños deben concurrir a la escuela y a la revisación médica, por ese motivo, se afirma que varios adolescentes retomaron los estudios, algunos niños fueron por primera vez a un médico, y las madres compraron ropa y alimento.
El decreto presidencial dice que pueden recibir la asignación por hijo quienes no se beneficien con otro plan social (exceptuando el plan Familias), lo que hace suponer que quienes reciben este nuevo subsidio renunciarán a los otros. Este mecanismo traería tres puntos positivos: mejoraría la cobertura de los niños de esas familias, las provincias y municipios podrán ahorrar el dinero que destinaban en esa asistencia social, y algunos dirigentes tendrían menos plata para distribuir a quienes ellos elijen con el dedo.
Uno de los principales problemas de la Asignación por Hijo es que la inflación hizo que el plan perdiera más del 16 % del poder adquisitivo real transcurridos sólo 3 meses desde que se firmó el decreto en diciembre de 2009. De hecho, una familia tipo compra hoy con el dinero de la asignación menos alimentos de los que adquiría con un plan jefes y jefas en el 2003. Según Ernesto Kristz, director de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), un matrimonio con dos niños cubre con el programa de asignación solo el 30 % de la canasta básica, mientras que en 2002 compraba el 53%. Además el monto de la asignación por hijo en el Presupuesto Nacional es menor al que significaba el plan Jefes y Jefas hace ocho años atrás, por lo que se supone que el gobierno está pensando en ampliarlo.
Otra de las críticas que se le hacen al decreto de asignación por hijo es que el financiamiento no debería provenir del ANSES, pues esta institución tendría que destinar sus recursos para poner en pie el 82 % móvil que les corresponde a los jubilados, pues 8 de cada 10 jubilados y pensionados ganan la mínima. Además, estos 180 pesos mensuales, que en realidad son $ 136 porque luego se cobran los restantes $ 44 al terminar el año, no alcanzan para sacar de la indigencia a los niños argentinos menores de 18 años. Con el presupuesto destinado por el Decreto Oficial emitido por la Presidenta, se debería estar sacando de la pobreza a 700 mil personas y de la indigencia a 1 millón 800 mil, pero si se destinara $ 300 por cada niño se reduciría en 1 millón 800 mil personas la pobreza y no habría un niño indigente en el país, elevando a los 3 millones que actualmente viven en esa situación.
En total, el costo de universalizar las asignaciones de 300 pesos sería, de 11 millones anuales, a los que hay que descontar lo que ya se está pagando a los trabajadores formales por exención del impuesto a las ganancias y por el plan familiar. Ese dinero podría utilizarse para construir un plan integral de reestructuración económica y social del país, si se emplea en tres puntos básicos: seguro de empleo, formación laboral y asignación universal. Porque esta asignación no es universal, ya que está destinada sólo a los desocupados y a los trabajadores informales y a los que ganan menos del salario mínimo; es decir que si una persona factura como monotributista 2.000 pesos, de los cuales pueden quedarle como sueldo $1.500, no tiene derecho a la asignación ni aunque tenga uno, dos o siete hijos. Además, el ANSES tiene un problema de sistema y no distingue a los monotributistas normales de los monotributistas sociales que son los que facturan menos de $ 2.000, y no reconoce a estos como destinatarios del beneficio.
Este plan de subsidios por hijos no es poca cosa para la economía de la nación pues tiene una potencialidad muy particular; mientras la mayoría de las familias clase media tienen uno o dos hijos, las familias pobres tienen más de dos, y las indigentes más de tres. Por lo tanto, esta medida, concentra el dinero en los que más lo necesitan. Además, la universalización eleva el piso y da más respaldo a los trabajadores para exigir mejores condiciones laborales.
Entre las consideraciones emitidas en los medios de comunicación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que gracias a este plan social aumentó en un 25 % la matrícula escolar en todo el país. Por su parte, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli declaró que en su distrito, la matrícula subió con 140.000 nuevos inscriptos. Sin embargo, también se conoció en los medios que por la Asignación por hijo, hay hospitales que desbordan de pacientes y varias escuelas no pueden aceptar a todos los estudiantes.
Con sus idas y vueltas, la Asignación por Hijo se consiguió gracias al caminar de la movilización social de diversos sectores, y es un avance en la protección de los niños argentinos, los más indefensos al hambre, la droga, la violencia y el crimen; y también los más atacados por quienes afirman que los niños son los culpables de aquellos males. Pero los niños no son los peligrosos, sino los que están en peligro, por eso es necesario construir un país digno con ellos.
Darío Giavedoni
