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Los diputados hacen pública la situación en Conferencia de Prensa |
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EIDICO S.A., representada por Jorge O’Reilly intentó continuar con las obras de construcción de un nuevo barrio privado, ninguneando a un grupo de personas que defienden un cementerio indígena, que además de ser un perjuicio para la memoria de los diferentes pueblos originarios que hoy habitan en lo que hoy se denomina Buenos Aires, afecta a los vecinos de la zona ya que no utilizarán el espacio público que disfrutaban antes.
Además no se respetan las leyes vigentes y se destruye la biodiversidad propia del lugar para generar viviendas y sembrar un césped artificial.
Además de que hubo un acampe para impedir que sigan con la destrucción del lugar se realizó una conferencia de prensa donde participaron varios legisladores en el Congreso de la Nación y se manifestó la solidaridad de numerosas organizaciones sociales.
Si no hay reacción de la población ante este atropello, los empresarios podrán continuar con su plan ante la mirada de un estado que no actúa.
Los integrantes del movimiento en defensa del patrimonio sagrado y natural del Delta, denunciaron «racismo ambiental y cultural» ante el titular del INADI, Claudio Morgado, «solicitamos la intervención del organismo ante el accionar de las desarrolladoras inmobiliarias que construyen barrios privados náuticos en Tigre y Escobar.
Debajo de los mega emprendimientos Nordelta y Villa Nueva hay una gran cantidad de sitios arqueológicos que son cementerios indígenas de las naciones preexistentes de Buenos Aires, como los: Querandí, Chaná y Guaraní. Por citar solo dos ejemplos, el sitio Sarandí fue destruido por Nordelta y el sitio Garín quedó debajo del barrio Santa Catalina».
Además denunciaron que el impacto ambiental causado no ha sido debidamente estudiado, por lo que desplazaron vecinos para llevar adelante ése tipo de construcciones causando inundaciones por «la urbanización de miles de hectáreas de humedales sobre los que se asentaron los countries, impidiendo la función vital que estos ecosistemas cumplen en la región».
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Grafica de Pta Canal |
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Este lugar de unas 2 hectáreas es reivindicado como «sitio sagrado» por entidades indígenas del área metropolitana, ya que en su interior están los restos del sitio arqueológico - cementerio Punta Canal, pertenecientes a las culturas prehispánicas de Buenos Aires. Esas tierras son del Estado Nacional, ya que por allí corría el tendido del ex ramal Mitre que unía Ingeniero Maschwitz (Escobar) con Dique Luján (Tigre), cerrado hace muchas décadas. Dos sociedades anónimas vinculadas a EIDICO vendieron a esta desarrolladora sus boletos de compraventa tramitados ante la ONABE (ahora ADIF) aunque éstos corresponden al ramal entre el kilómetro 1.690 y 4.390, es decir hasta la calle Brasil, que separa los partidos de Tigre y Escobar. (En una de estas sociedades anónimas «relacionadas» a la firma, SIDICO S.A., era accionista Pablo Dameno, actual titular de la subsecretaría de Planeamiento Urbano de la municipalidad de Tigre y familiar político de Jorge O’Reilly).
Carlos Arrambide, que vive a 100 metros y está en conflicto con EIDICO ya que lo aislaron y su casa figura como parte del barrio privado San Benito. Dio aviso a otros vecinos cuando llegaron las topadoras, contó a Indymedia. Primero logró hacer entrar en razón al operador de la topadora de Leymer S.A., pero luego llegaron los abogados de EIDICO y la policía. «Yo les mostré papeles en el cual demuestro que el terraplén es público y que hay reclamos por actos administrativos ante el Ministerio de Planificación Federal y ADIF.
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El empresario Jorge O'Reilly |
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Le mostramos también que el Senado está pidiendo el sitio que es sagrado, pero ellos dicen que el terraplén es de ellos, no muestran ninguna escritura, no muestran nada», relató Arrambide.
Además de los originarios, personas preocupadas por la destrucción del patrimonio ambiental y cultural reclaman ante los mega emprendimientos de barrios cerrados en el Delta, que al urbanizar sobre humedales de un importante rol ecológico y ricos en yacimientos arqueológicos; expulsan a los pobladores «preexistentes» a los countries: En noviembre, el Senado bonaerense declaró de interés la protección de las tierras, mientras que en mayo la Cámara de Diputados de la provincia pidió informes al Poder Ejecutivo por la habilitación de obras en el área. Dos proyectos similares se han presentado en el Congreso Nacional en diciembre.
Arrambide inició un juicio en el que denuncia la ilegalidad de estas ventas por parte del Estado Nacional y logró dos medidas cautelares para que la empresa no destruya las tierras, pero los fallos no fueron respetados por la empresa.
La tenaz insistencia de los vecinos, sumado a las inclemencias del tiempo, la difusión del caso en diferentes medios de comunicación, y la concurrencia de más integrantes de comunidades indígenas y miembros de la Asamblea del Delta de Tigre, lograron frenar las obras, por esos días, pero luego se repitió la escena con dos concejales presentes. Las obras fueron suspendidas momentáneamente hasta que se presenten legisladores y funcionarios del INADI.
Estos reclamos datan desde el año pasado y la empresa violó dos medidas cautelares que obligaban a no tocar dos parcelas del terraplén a pocos metros del yacimiento arqueológico «Punta Canal». Hoy esas tierras ya no existen.
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El acampe fue la respuesta inmediata de las personas que sienten el lugar como propio |
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La empresa EIDICO ignoró la propia justicia del Estado. Al respecto Luis Cancelo, concejal de Tigre, opinó que los gobiernos «históricamente han sido parte del negocio de los barrios privados». Un negocio que es redondo: «Compran a 50 centavos de dólar el metro, rellenan los humedales y venden a 2000 dólares el metro», describió. Y concluyó: «Estamos defendiendo 3 has de las mil y pico que tiene O’Reilly. Las leyes nos asisten». El problema es de alcance nacional por la misma opinión del legislador de Proyecto Sur, Jorge Cardelli, relacionó lo sucedido en Tigre con otras situaciones en el país, como la agresión violenta a la comunidad mapuche Paichil Antriao, en Villa La Angostura, Neuquén. «Entraron a un sitio sagrado sin ningún tipo de inconveniente y (los mapuche) están rodeados por la policía o por patotas porque el gobierno los apoya», describió. También citó un conflicto en Salta que involucra al Jockey Club, quien tomó tierras indígenas para construir canchas de rugby. «Esto es un problema nacional», dijo Cardelli, y apuntó más allá de las instituciones del Estado. «No es simplemente algún presidente sino que acá detrás hay un proyecto que implica ir adueñándose del territorio de nuestro país. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para pelear y denunciar», expresó.
