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Los vecinos están preocupados porque quierne organizarse y no hay respuestas del gobierno de la ciudad |
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El gobierno porteño avanza en anular leyes que promueven la radicación y regularización de villas y barrios carenciados.
La mañana del pasado miércoles 19 de agosto, vecinos y delegados de manzana de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, esperaban la visita del Juez Gallardo. Para su frustración el juez no pudo concurrir ese día pues estuvo abocado en la lectura de la causa del incendio de Cromagnon, cuya sentencia se dictó la tarde de ese mismo día. De todos modos, se hicieron presentes representantes de ongs y la diputada Patricia Walsh, quienes escucharon las inquietudes de los vecinos en el transcurso de una improvisada asamblea realizada en la calle mientras aguardaban al magistrado.
La gestión que se espera del juez Gallardo es la intervención en la villa para rediseñar el sistema de representación de delegados por manzanas y convocar a elecciones para regularizar la representación vecinal, en un momento en que la situación de las villas presenta aspectos críticos en algunas de ellas. Puntualmente, en el caso de la villa del Bajo Flores, es el incumplimiento de la ley Nro. 403, del año 2000, que estableció la creación de una Mesa de Planeamiento Participativo de la Villa. Por otro lado, la intención del gobierno del ingeniero Macri es la de pasar las atribuciones del IVC a la Corporación del Sur, generando así una serie de hechos como la reducción del presupuesto general para viviendas, además de la incertidumbre sobre la posesión final de las tierras que habitan, dado que la Corporación, por su forma ejecutiva empresarial puede realizar sus tareas sin participación de los habitantes de la villa, como tampoco presenta competencia para la ejecución de políticas de regularización dominial y no cuenta con presupuesto propio para garantizar este derecho.
El feneciente Instituto de la Vivienda de la Ciudad se creó en el año 2003 a través de la ley Nro. 1.251 y fue concebido como una institución superadora de la Comisión Municipal de la Vivienda Entre sus responsabilidades también estaba el llamado a elecciones en las villas, además de coordinar el presupuesto de la Ley 341 para la construcción de viviendas mediante cooperativas, ley que ya no se aplica.
También mediante la ley 148, del año 1998, fue creada la Comisión Coordinadora Participativa, para el “diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales”, debiendo garantizar la “representación vecinal y el adecuado ajuste de las necesidades de los pobladores a través del llamado a elecciones vecinales” (artículo 4).
Nada de todo esto se cumple. De ahí la apelación al poder judicial.
Ante el problema común a muchas de las villas y asentamientos de la ciudad, producto de la ausencia de representaciones genuinas, el juez Gallardo fue quien intervino en la villa 21-24 de Barracas que culminó en un proceso eleccionario realizado en el año 2008. También lo había hecho en Villa Lugano y monitoreó las elecciones en Los Piletones en diciembre del año 2007. Mientras tanto, representantes de otras villas esperan acudir al magistrado. Tal como señalamos en nota anterior, vecinos y delegados de la villa 31 tienen previsto acercarle un pedido de intervención en esa villa.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto A. Gallardo, lleva un abierto enfrentamiento con el actual gobierno porteño, de quien considera que viene realizando una política de avasallamiento sobre el Poder Judicial. Si bien sus acciones en defensa de los sectores más relegados de la ciudad se inician en la época de A. Ibarra, la muerte de Javier, un menor de 4 meses, por falta de atención médica en un centro de evacuados de la Villa El Cartón, ubicada en Villa Lugano, provocó el pico de tensión con el gobierno. Cinco meses antes de ese hecho, el tribunal le había encomendado al gobierno el establecimiento permanente en el lugar de un servicio médico pediátrico y clínico, ante el hacinamiento, desnutrición, falta de acceso a la educación y a la vivienda, al agua potable, a servicios de salud, etc., que padecían esos vecinos. El juez Gallardo citó a declarar a Macri y algunos de sus funcionarios en el marco de una causa a raíz de ese hecho, a la que no concurrieron. Como tampoco concurrió la semana anterior el ministro de Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, por incumplimiento en el mecanismo para la elección de delegados en villas y por la no realización de un censo poblacional en las villas afectadas, paso previo para garantizar la transparencia en la elección de delegados y representes villeros.
Jorge Vargas
