Los bolivianos en Italia son unas 30.000 personas y serán afectados

Después de tres mociones de confianza el Senado italiano aprobó ayer el paquete de normas sobre seguridad, que ya son ley. Delito de inmigración irregular, endurecimiento de las reglas para acceder y mantener la regularidad, endurecimiento de las penas para quien alquila inmuebles a los "sin papeles", tasación de las sanciones (entre 5.000 y 10.000 euros), obligación de los funcionarios públicos (médicos y directores de escuelas excluidos) de denunciar a los inmigrantes que quieran acceder a servicios administrativos públicos, extensión del internamiento en los centros de detención (de 90 días se pasará a 180), pago de 80 a 200 para obtener el permiso de residencia, examen de italiano y firma de un
"acuerdo de integración en pro de la convivencia de los ciudadanos italianos con los extranjeros",  liberalización de las rondas o milicias privadas (no armadas, sin uniforme) y de los aerosoles de pimienta, recuperación del delito de ultraje a la autoridad (pena de hasta 3 años), persecución de la mendicidad y de los grafiteros: la Italia de derechas está contenta, imaginando ya limpias las calles. Mauricio Gasparri, presidente de los senadores del Partido de la Libertad berlusconiano se enorgullece -"Una ley para los italianos"-; el ministro del Interior, Roberto Maroni (Liga Norte), "cerebro político" del decreto, declara que "es un paso adelante muy importante para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
La oposición protesta con dureza. "Es el precio que paga el gobierno a la Liga Norte", declara Dario Franceschini, secretario del Partido Democrático. "No se destinan más recursos a las fuerzas de policía pero
sí pasa el delito de clandestinidad que atascará el trabajo de los magistrados, y abarrotará las cárceles sin perseguir la criminalidad que explota la inmigración clandestina". Los diputados de Italia de los
Valores levantaron en el hemiciclo carteles que decían: "Los verdaderos clandestinos sois vosotros. Gobierno: clandestino del Derecho".
En declaraciones al 'Corriere della Sera', el secretario del Consejo Pontificio para la pastoral de los migrantes y de los itinerantes, monseñor Agostino Marchetto, dijo que la ley sobre seguridad traerá
*"muchos dolores y dificultades" a los inmigrantes*. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos de un país mayoritariamente católico aprueba las medidas. El Vaticano critica, /ma non troppo/. Recordemos la dureza de las declaraciones cuando la muerte de Eluana Englaro. Protestar de veras, sostienen algunos católicos, significaría abrir las puertas de las iglesias a los inmigrantes.

Gorka Larrabeiti
Rebelión