La noche de la violencia desmedida que se ensañó con los mas jóvenes del barrio Fátima

La brutal represión en la Villa Nº3 de Lugano pudo haber sido evitada.

La violencia parece ser el elemento predilecto de los gobiernos para llevar a cabo un desalojo.
Por la noche o durante el día, utilizando gases lacrimógenos, balas de gomas y palos, la Policía Federal reprime a personas cuyo único delito pareciera ser el no tener un lugar digno donde poder vivir con su familia. El caso del barrio de Fátima podría  ser uno más, de los tantos desalojos violentos que se llevaron a cabo en este último tiempo, o así lo dieron a entender la mayoría de los medios. Sin embargo, para Natalia Belmont, representante a los vecinos del barrio Fátima de Villa Soldati lo que sucedió pudo haber sido evitado.
 “Anteriormente se había contactado a miembros del IVC contándoles sobre la posible reacción que podrían tomar la gente del barrio frente al caso de que miembros de otros lugares ocuparan algunas de las viviendas de las torres” comentó Belmont y confirmó además que: “los vecinos no ocuparon las viviendas sino que fueron a sacar a las personas que estaban allí”.
Frente a las advertencias, el IVC no sólo hizo oídos sordos sino que realizó, además, la denuncia a la comisaría Nº 36 de la Policía Federal, que fue la encargada de llevar a cabo la brutal represión. Según Natalia Belmont, los beneficiarios de las viviendas ubicadas a en la Av. Riestra y Cruz son, exclusivamente, las personas que viven en la manzana Nº 5 y algunos vecinos de la manzana Nº 4; se trata de un barrio de 340 viviendas, de las que fueron entregadas 226. Las restantes 114 no tienen dueño.                                                                                                  Es sabido que el problema habitacional de la zona es muy grande y que son varias las personas que desean obtener una vivienda: “si bien estas casas no estaban adjudicadas tenían un beneficiario y eran los vecinos del lugar”, denunció Natalia. No obstante, la gente del gobierno decidió traer a familias de otras villas y la reacción de quienes viven ahí fue sacarlos y reclamar por lo que debería ser de ellos.
Hubo una amenaza sobre lo que podía suceder en Fátima, y se dio  aviso a las autoridades pero, finalmente, no hicieron nada para prevenir el conflicto. Parece que fue necesario llegar a la violencia  primero para poder obtener luego algún tipo de respuesta o solución. Como una herramienta estratégica utilizan en principio choques por  medios  violentos y posteriormente van el diálogo para poder concretar acuerdos.
Tras el brutal intento de  desa-lojo y luego de las protestas se logró que se realice un censo para aquellas personas que no vivan exclusivamente en la manzana Nº 5 según Belmont, en un solo día, más de 267 familias se censaron para poder adquirir una vivienda en alguna de las torres.
Las villas fueron, y todavía son, un problema social y habitacional, que demanda la intervención del Estado. Distintos gobiernos desarrollaron diferentes políticas con respecto a las villas pero ninguna pudo dar una solución.                             
En el último mes del año hubo 253 desalojos y varios intentos de erradicar las villas. Como el caso emblemático de la villa 31, donde tanto el gobierno porteño como el nacional aún se pasan la pelota de quién tiene la jurisdicción de los terrenos. Dos hechos independientes pero vinculados por rasgos en común: la violencia que cada uno exhibe. Frente a la crisis habitacional se instrumentó el desalojo violento en diferentes predios ocupados y para ello se contó con la acción decidida de la Policía Federal del gobierno de la Nación; una relación de fuerza del poder político contra la gente.                                                                                                                                           La problemática de la vivienda es compleja y los problemas que desprende la situación de personas sin vivienda es alarmante. Mientras discuten la “emergencia habitacional”, en el presupuesto 2009 redujeron un 30% lo destinado a vivienda y directamente a cero el fondo para las cooperativas. El presupuesto del IVC, paso de 500 millones a menos de 120 millones de pesos, presupuesto apenas superior al que se destina al pago de sueldos. Definitivamente no hay planos, no hay subsidio, no hay respuesta en el gobierno para la gente que esta en situación de calle.

Mariela  Giménez