Los afectados salen de una reunión con el Ministro de Justicia de la provincia

Son 300 familias las que fueron desalojadas hace tres meses, en  Lomas de Zamora. La mitad pudo reubicarse en lo de familiares o con sus propios medios, la otra mitad espera los compromisos de gobierno. 

Se habían asentado hace un año junto a la penitenciaría 40 entre las calles Giachino y San Juan, del barrio Santa Catalina, perteneciente a la localidad de El Centenario. Hasta que les llegó un brutal desalojo.
Desde el principio el despojo tuvo varias arbitrariedades, cuenta el abogado que atiende el reclamo de las familias de ciudadanos bolivianos, en su mayoría.
Policías de la penitenciaria llegaron con una intimación de desalojo e irrumpieron violentamente contra los habitantes del predio. Las familias guardan fotografías y filmaciones de cómo las topadoras tumbaban sus casillas de madera y de cómo golpeaban sin distinción de sexo a las personas que mostraban resistencia.
El abogado, Sebastián Cuccia, cuenta que la nota estaba firmada por un juez suplente y que los jueces en esos días estaban en feria judicial, que no tenían designado un fiscal interventor y que no tuvieron una notificación de desalojo.
Luciana sospecha que el desalojo pudo haber sido para otros asentamientos que se encuentran alrededor. Mientras tanto, no hay expediente, no hay juez, no hay fiscal que entienda en la  causa.
Nada está claro para ellos, que quedando en la calle por meses decidieron reubicarse en frente al predio, junto al asfalto, corriendo el riesgo por la velocidad con que transitan los vehículos, con sus niños a la intemperie, sin agua potable, sin luz, sin el abrigo necesario de un techo ante el frío y el calor.
Ellos relatan que cerca hay otro asentamiento peligroso y que una vez, alguien les incendió una de sus casillas. «Los vecinos no nos quieren ahí, porque temen que se extienda la inseguridad, pero nosotros no somos mal vivientes. Somos gente trabajadora, que nos organizamos y sólo necesitamos la tierra para construir.» Decía Luciana con los ojos cargados de lágrimas.
Son doce manzanas, cada una tiene un delegado que la representa y se turnan la guardia para no ser asaltados de lo poco que les quedaba.
Por contacto del abogado, llegaron a tener un apoyo del diputado Luis Farinello quien había conseguido una audiencia el 17 de agosto con el Ministro de Justicia Ricardo Casal, quien según los afectados y el vicecónsul Valentín Hérbas en aquella instancia les prometió «resolver en 72 horas su problema, dando terrenos con escritura a sus nombres».
«Dijo que nos daría materiales para construcción, terrenos, 20 arquitectos para asesorarnos y que en 72 horas nos daría una solución urgente. Esperábamos respuestas por un predio en Lomas de Zamora, luego en La Matanza, luego en Ezeiza y al último una posibilidad en el Partido de Esteban Echevarría». Ponía al tanto uno de los delegados, al Cónsul general de Bolivia José Gonzáles en la ciudad de La Plata donde verían al Ministro nuevamente.
Por pedido del sacerdote pudieron entrar a la audiencia un damnificado, en este caso fue Luciana y el Cónsul.
En esta ocasión el Ministro estaba ocupado y fueron atendidos por su Asesor: Mariano Martínez. Quien trasmitió que de concretar una entrevista con el Intendente de Esteban Echevarria tramitarían un terreno con la capacidad para contener a las 200 familias.
Al retirarse los delegados se abrazaron pensando en una nueva esperanza. Pese a su urgencia todavía tienen paciencia y esperan de buena fe los compromisos asumidos por el Ministro de Justicia Ricardo Casal.
Amparo Bellot