En las paredes de Montevideo lucen grafittis alusivos a la medida de Tabaré

Tabaré Vázquez utilizó su derecho al veto aplastando las esperanzas de organizaciones sociales que promueven el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y cerrando una discusión pública, iniciada en el Parlamento en el año 2006.

Crónica de un veto anunciado… El pasado jueves 13 de noviembre, ante la expectativa de Ongs, legisladores y gran parte de la opinión pública uruguaya, el presidente uruguayo, Dr. Tabaré Vázquez, vetó los capítulos II, III y IV de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) referidos a la despenalización del aborto en los primeros tres meses de gestación.  Esta ley, aprobada por el Poder Legislativo, hubiese sido sometida a consulta popular (referéndum), en el caso de que el presidente no la hubiera vetado. La decisión de Vázquez generó malestar en sectores que manifestaron su descontento en la principal plaza de Montevideo.
Si bien el presidente lo había anunciado previamente, las esperanzas de diversos sectores sociales estaban latentes ya que por vez primera este proyecto de ley obtenía la aprobación del Poder Legislativo, con los votos de la mayoría de los representantes de la fuerza política de izquierda, encabezada por el propio Vázquez. De hecho la legalización del aborto ha sido una vieja reivindicación de la izquierda uruguaya.  Además, contaba con el apoyo de la ciudadanía, ya que según indicaban los sondeos el 57% de los uruguayos estaría de acuerdo con la despenalización del aborto y el 63% consideraba que el presidente no debería hacer uso de su derecho constitucional de veto. 
El camino político para desactivar el veto presidencial era obtener los 3/5 (78 en 99) de votos en la Asamblea General, pero como ya era esperado, no se logró  conseguir dicho apoyo, ya que los partidos tradicionales no cambiaron su postura frente al tema. 
Bajo amenaza de excomunión – La votación en el Poder Legislativo se consiguió a pesar de la presión de la iglesia, encarnada en la figura del monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo, quién “advirtió” a los legisladores que serían excomulgados "ipso facto"  en caso de votar a favor de esa ley.  Esta advertencia fue avalada además por la Conferencia Episcopal de Uruguay (CEU). Los comentarios de Cotugno fueron rechazados por los legisladores de todos los partidos políticos, quienes dijeron que esa presión era inapropiada y no cooperaba con el proceso de discusión. "Pensé que la Inquisición había terminado, pero parece que no", declaró al diario “El País” el diputado frenteamplista Álvaro Vega (MPP). Recordemos que Uruguay es un país con larga tradición de laicismo y la separación entre la Iglesia Católica y el Estado existe desde hace un siglo.
Bajo una ley de 1938 -  Actualmente el aborto en Uruguay es considerado un delito legalmente penado (en teoría con tres a nueve meses de prisión) según una ley que rige desde el año 1938 (ley Nº 9763), salvo en casos de riesgo de vida de la mujer.  Si bien dicha pena no es prácticamente aplicada, debido a la dificultad para acceder a las pruebas, atenuantes, etc, lo que sí promueve son condiciones para la realización clandestina del aborto y la sensación de criminalización respecto al tema.
Según cifras oficiales, en Uruguay se realizan alrededor de 33.000 abortos clandestinos al año. Aunque las cifras extraoficiales hablan de un número bastante mayor. Justamente debido a la clandestinidad es complejo llegar a un número objetivo, además de desconocerse las condiciones en las que estos se realizan.  Por ejemplo, cuando una mujer decide abortar,  suele obtener  información sobre las clínicas a través de conocidas y amigas que le puedan pasan algún “dato”.  Toda esta búsqueda, cargada de incertidumbres, se realiza sin apoyo médico, legal ni moral, y la normativa actual no contempla un seguimiento físico y sicológico de la mujer que ha pasado por esta experiencia. Pero no todas las mujeres pueden costearse buenas clínicas.  Las que no, suelen realizarlo en lugares de mayor riesgo para su salud y su vida.  Por tanto, las diferencias económicas determinan a qué clase de aborto se accede. En este sentido, el Dr. Leonel Briozzo, afirma que el aborto provocado en condiciones de riesgo es la principal causa de muerte materna en Uruguay, así como en el resto de los países de Latinoamérica, excepto en Cuba y algunos países del Caribe, donde esta práctica no es ilegal.
El Proyecto de Ley vetado ubicaba al Estado como el principal responsable en garantizar el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de toda la población, incluida la práctica del aborto durante las primeras doce semanas de embarazo, en el caso de que la mujer alegara penurias económicas, sociales, familiares o etáreas, que a su criterio le impidan continuar el embarazo.  La ley establecía además que el acto médico no debe tener valor comercial.  Otros artículos de la ley incluían medidas como la educación sexual a nivel de la enseñanza formal y el acceso universal a servicios de planificación familiar.
Algunos de los argumentos presidenciales que avalaron la decisión fueron “razones de orden jurídico, científico y técnico; identidad filosófica y principios éticos”.  Tabaré Vázquez, que se ha manifestado en su condición de médico oncólogo, dijo que la ley “desconoce la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación” y agregó: “en los países en los que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado”.  En contraparte, la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Carmen Beramendi, dijo al periódico “La Diaria” estar convencida de que esta ley no hubiese contribuido al aumento de abortos y agregó: “la misiva del presidente reafirma las posiciones más controladoras de la vida, el cuerpo y las condiciones de las mujeres”.
Situación Regional: en Brasil el aborto solo está autorizado cuando es necesario evitar la muerte de la madre o si proviene de una violación, en la Argentina es autorizado por las mismas razones así como en Bolivia. En Chile y Paraguay está también prohibido por ley. El mismo caso es el de Perú, Ecuador y Venezuela. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año, aproximadamente cuatro millones de mujeres de América Latina se someten a abortos, y unas cuatro mil mueren como consecuencia de las malas condiciones higiénicas del procedimiento.
Más allá de las opiniones personales, lo que estaba en juego era la posibilidad de la ciudadanía de decidir, a favor o en contra, de un tipo de planificación racional de Salud Sexual y Reproductiva, revocando una ley que remite a concepciones desactualizadas de la mujer, la vida y los Derechos Humanos. Hubiera sido además una buena ocasión para ensanchar la democracia y debatir sobre una realidad que no le es ajena a la mayoría de la población del país y de la región.

Lic. Tatiana Veljacic