Comienzan a conocerse casos mas allá de la Gral. Paz

Una investigación en la provincia de Buenos Aires, reveló que se repite la modalidad de trabajadores traídos de Bolivia, expuestos a extensas jornadas laborales por míseros sueldos.    

Una denuncia anónima y una intensa investigación en la localidad de Longchamps, Partido de Almirante Brown de la provincia de Buenos Aires, dieron como resultado un allanamiento en la vivienda de la calle Bolívar 3327/ 3331, donde funcionaba un taller ilegal. Un hecho que al igual que en la Capital se repite en la provincia de Buenos Aires, siendo que los años pasados los múltiples allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, provocaron que muchos talleres se trasladaran a la provincia, cometiendo aparentemente las mismas infracciones.
En esta oportunidad 37 personas de nacionalidad boliviana. Cuatro de ellos  adolescentes, dos niños de 2 años de edad y 3 detenidos como responsables del taller por la presunta infracción de los artículos 140 y 142 bis que refieren a la reducción a la servidumbre y la Ley 25.871 de Migraciones, salieron a luz con la intervención judicial en la morada.
Del allanamiento participaron, investigadores del Ministerio de Trabajo, agentes del Programa Nacional de Asistencia a las Víctimas de Trata, del Ministerio de Salud, de la Organización Internacional de Migraciones y la Dirección Nacional de Migraciones.
Según fuentes judiciales se sus-trajeron 35 máquinas de coser, 5 mil prendas (de jeans en su mayoría), hilos y dinero en efectivo.
Por fuentes de la OIM Renacer pudo saber que además se encontraron en poder de los dueños, certificados de nacimientos de otras personas que no correspondían con los que estaban trabajando ahí, más un cuaderno con anotaciones.
El acceso al Acta de Allanamiento nos permitió saber que además había una partida de nacimiento en blanco con sello del Ministerio del Interior de Bolivia, la cual fue guardada por las autoridades competentes. En cuanto a las marcas, para la cual confeccionaban en este lugar no son muy conocidas y tienen tiendas en el barrio de Once y Flores de la Capital Federal. La fiscalía 1, a cargo de Karina López, no ve conveniente revelar sus nombres por ahora al igual que la de los dueños del taller.
Hasta el momento la causa penal No 6.053 pasó a manos del juez Santa María del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional No1 de Lomas de Zamora quien determinará el porvenir que le sigue.

El destino de los trabajadores
En el Allanamiento se presentó «Rolando Nogales, representante de la Coordinadora de la Colectividad Boliviana en Capital y Provincia» diciendo «que se presentaba para dar asistencia a las víctimas» (la misma Coordinadora que decía salir a resistir los allanamientos en defensa de las maquinarias).
Tratando de obtener testimonios de cómo es que habían venido al país las víctimas, uno de los trabajadores nos interrumpió diciendo «¡Es muy bueno el dueño del taller, nos daba harta comida hasta el día del allanamiento! Es mentira lo que dicen los medios».
Algunos trabajadores pudieron quedarse en lo de familiares y otros fueron llevados temporalmente a un predio que ofreció la Municipalidad de Almirante Brown. Donde al día siguiente en presencia de autoridades judiciales, consulares y de organismos de derechos humanos, apareció el abogado Kinan de la Coordinadora irrumpiendo con gritos «¡El taller es su casa!» inmediatamente siendo retirado del lugar y comunicándose luego al celular de la fiscal afirmando ser el abogado de los imputados. Según nos relataron personas que estaban presentes.
Uno de los trabajadores, muy delgado, nos dijo que lo habían traído en bus y accedió a venir  porque su situación no estaba bien allí en Bolivia, esperando tener un mejor futuro aquí y ahora añorando regresar a su tierra. 
Los trabajadores, todos jóvenes hasta 30 años de edad, declararon trabajar desde las 7 hasta las 22 horas, incluso los adolescentes. Que el interior de la casa contaba con un kiosco atendido por sus patrones.
Algunos son familiares de los dueños y otros decían que el señor era muy conocido en el Alto, como si ocupara un rango o alguna jerarquía en las comunidades.
Según las declaraciones de fuentes policiales que participaron en el allanamiento, la vivienda de 24 metros cuadrados contaba con 2 baños precarios y dos duchas. Que las habitaciones eran precarias y en algunos casos los trabajadores descansaban en el mismo lugar de trabajo.
Un organismo no gubernamental proveyó asilo a las víctimas, del cual se reservó estrictamente la dirección por protección de los trabajadores. Algunos retornaron a Bolivia con ayuda del consulado y familiares de Bolivia. Otros esperan que la OIM y el Consulado resuelvan sus pasajes de retorno, porque lo decidieron así por voluntad propia, aunque muchos de ellos afirmaron querer volver en busca de otra oportunidad laboral.
Según la OIM, no se aplicó algún programa de reinserción porque aquellos que decidieron quedarse dijeron contar con familiares a quienes acudir.
Los trabajadores son oriundos de comunidades de los departamentos de Sucre, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la mayoría regresaría a Santa Cruz.
Se sacaron fotos con el cónsul José Gonzáles Samaniego, después de ser recibidos y hemos visto un funcionario emocionado. Al día siguiente le llegaba a su oficina un fax del embajador de Brasil con un nuevo caso de una familia víctima de la explotación laboral.
El funcionario pudo decir con preocupación que cada día recibe denuncias de estos hechos.

Amparo Bellot