Es vox populi que los grupos de poder no querían ir al revocatorio, pero la ofensiva del gobierno los dejaba mal parados ante la opinión pública y accedieron poniendo todo tipo de tropiezos.
En ese contexto la única magistrada activa del  Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, emitió un decreto que deja en suspenso el referéndum del 10 de agosto hasta que se pronuncie el pleno de ese órgano judicial.
El argumento presentado por el diputado Murillo, que apoya Salame,  impugna la inconstitucionalidad del referendo revocatorio de mandato porque esa figura no está contemplada en la Constitución Política del Estado, pese a que la misma está siendo realizada por ley aprobada por dos tercios de voto en las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional.
El ministro Héctor Arce consideró que:
«En tales circunstancias una sola magistrada suplente no tiene ninguna potestad jurisdiccional, no tiene ningún amparo legal para pronunciarse sobre ningún caso, y menos pronunciarse de la manera oscura, de la manera sesgada, de la manera errónea y forzada que se ha pronunciado».
Arce explicó que la Magistrada al caer en una tipificación concreta ha actuado al margen de la ley y que esa decisión está calificada por el Código Penal como delito de prevaricato.
Por esa situación se inició un juicio de responsabilidades contra la magistrada, por el delito de prevaricato y usurpación de funciones de un cuerpo colegiado.