La Paz, 28 jul (ABI).- La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral (CNE) resolvió este lunes continuar con el calendario aprobado del referendo revocatorio de mandato popular previsto para el 10 de agosto próximo. La medida fue asumida por mayoría ante la disidencia del vicepresidente del ente electoral.
"Se determinó proseguir, en el ámbito de su competencia, con todos los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación y ejecución de la Ley número 3850 de convocatoria a Referendo Revocatorio para el 10 de agosto de 2008", dijo en rueda de prensa el presidente de la CNE, José Luis Exeni.
Comentó que la resolución emitida por la Sala Plena de la Corte Nacional Electoral será comunicada a la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, como también a las cortes departamentales.
La decisión asumida reivindicó la legalidad de la convocatoria a ese referendo mediante una ley de la República, pese a la dura campaña de desprestigio que llevan adelante analistas, abogados y políticos de los partidos de oposición.
A estas posturas se sumaron en las últimas horas algunas autoridades electorales que, encabezadas por la CDE de Chuquisaca, pidieron suspender el referendo "hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie", a sabiendas que esa instancia sólo cuenta con una magistrada suplente.
En ese contexto, la CNE resolvió hoy tres puntos: Primero, proseguir en el ámbito de su competencia con todos los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación y ejecución de la Ley Nro. 3850, de convocatoria a referendo revocatorio de mandato popular para el 10 de agosto.
Segundo, comunicar la presente resolución a la magistrada Silvia Salame Farjat para su conocimiento y a las cortes departamentales electorales para los efectos pertinentes
Tercero, instruir que por Secretaría General se publique la presente resolución en medios de comunicación para conocimiento de la ciudadanía.
Exeni también aclaró que el vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, fue de voto disidente, aunque ello no significa su alejamiento del máximo órgano electoral.