A un camión que iba para Atánquez, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en octubre del año pasado le incautaron 30 kilos de carne y 25 kilos de pescado. Las autoridades dijeron que los alimentos estaban en mal estado y que por eso lo hacían: para proteger a la población de una posible intoxicación. Pero vecinos de Valledupar dicen otra cosa, que en realidad las autoridades temen que esa comida vaya a parar a manos de la guerrilla. Lo mismo pasa por el río Atrato, en el Chocó: es más fácil pasar 10 arrobas de cocaína que diez arrobas de papa. Las de papa son confiscadas por paramilitares, guerrilleros del frente guevarista o el Ejército, pero son confiscadas. Todos están convencidos de que esas arrobas son para engordar enemigos. Pero las arrobas de coca pagan sus peajes, y todos tan amigos.
Existe sobre el río Atrato una especie de acuerdo comercial sotto voce, en donde se establece un sistema de cuotas que permite pasar ciertos kilos de cualquier alimento por persona. Y como las comunidades indígenas designan tan sólo un par de personas para el mercado, muchas veces parecen sospechosos cuando van por el río con comida para 40 familias. Así que han tenido que cambiar por completo sus prácticas comerciales, para proveer de alimentos a sus gentes. Primer daño colateral de esta guerra: el racionamiento de la comida para las comunidades indígenas.
En junio, en el marco de la celebración de Los rituales de liberación de la Madre Tierra, en la finca Las Pirámides, de Santander de Quilichao, una comunidad indígena fue desalojada a la fuerza por el Ejército y el Esmad. Ochenta personas que hacían un ritual en forma pacífica fueron reducidas y expulsadas del lugar. Hubo por lo menos un herido grave. Marino Camacho, un líder comunal que se ha desempeñado como gobernador en el resguardo de Las Delicias y como consejero del CICR, estuvo en el hospital Francisco de Paula Santander, sanándose de golpes en todo el cuerpo, heridas en la cara y la cabeza.
Segundo efecto colateral de esta guerra: territorios indígenas convertidos en teatro de operaciones militares.
Entiendo que el Gobierno esté retomando la gobernabilidad en todo el territorio nacional. Entiendo que la guerrilla muchas veces se ha tomado, a fuerza de intimidación, muchos territorios indígenas; y que el Ejército se vea en la obligación de combatirla. Pero no me cabe en la cabeza que el Estado en este momento no pueda distinguir bien a sus enemigos; y el ene-migo sea tan difuso. Porque enemigo no puede ser cualquier indígena o campesino que habite las zonas de conflicto. No es posible que todos sean estigma-tizados como «auxiliadores» por el sólo hecho de estar ahí.
Es mucho lo que hemos sufrido los colombianos en esta guerra. Mucho. Pero las comunidades indígenas, sin duda, han llevado la peor parte. Porque los ejércitos ilegales reclutaron a muchos a la fuerza; porque mataron a muchos por no dejarse reclutar; y porque, además, muchos han sido capturados y judicializados por auxiliadores. Esto sin contar que sobre sus tierras de resguardo han llovido tormentas de balas y olvidos.
Ignoro cuáles serán los mecanismos que se deben adoptar para proteger las comunidades indígenas. Quizá un censo de población certificado por la Cruz Roja Internacional; quizá georreferenciar sus resguardos y respetarlos; o quizá entregarles la tierra que les pertenece. Qué sé yo.
Lo único cierto es que la comunicación entre el Estado y los indígenas del país parece rota. Y que para que comience un clima de verdadera paz en esos territorios se debe restablecer.
Tenemos que entender que los colombianos nos contamos por millones y los indígenas por miles. Ellos son pocos y son frágiles; y su supervivencia depende en buena medida del respeto nacional hacia ellos. Sería una vergüenza ver desaparecer una etnia en pleno siglo XXI. Una vergüenza más para poner en el mapa.

 Cristian Valencia