En estos tiempos que vivimos donde la violencia se manifiesta de diferentes modos, existen instrumentos legales que es necesario conocer para evitar el daño que provoca. No es sólo la violencia física a la que nos referimos: hay diferentes tipos de violencia, y una de ellas, y que sufren en particular muchos bolivianos, es la discriminación. Un estudio realizado el año pasado por el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la  Xenofobia y el Racismo) mostró que los bolivianos son uno de los grupos mas discriminados en Argentina.
La discriminación no es exclusiva de este país o de esta región, sino que ocurre en todo el mundo. Por ello en 1969 muchos países miembros de la ONU (Organización de Naciones Unidas) suscribieron la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta Convención afirma que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional. La Convención define «discriminación racial» como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Esta distinción, restricción o preferencia tiene como consecuencia dificultar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
En Argentina, en 1988 se sancionó una Ley de Actos Discriminatorios que retoma esta definición y castiga los actos que tienen como consecuencia obstaculizar un derecho. Por ejemplo, cuando a una persona no la atienden en un hospital porque no tiene DNI, o porque es extranjera. En este caso, la persona que fue discriminada puede exigir que se deje sin efecto el acto discriminatorio y que se repare el daño que ocasionó.
La Ley de Actos Discriminatorios incluye además un artículo que aumenta el castigo de delitos que tienen un aspecto discriminatorio. Por ejemplo, lo ocurrido en el caso de Edgar Espejo Parisaca. Lo que hicieron los policías es de por sí un delito. Pero como la saña y la crueldad fueron mayores porque supusieron que Edgar era boliviano, el castigo para los policías debe ser mayor.
Para respaldar el cumplimiento de esta ley, en 1995 se creó el INADI como organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre sus objetivos se encuentra «garantizar la igualdad de derechos y garantías de todos los seres humanos que habitan el país». El organismo recibe y coordina la recepción de denuncias y brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito a las personas o grupos en situación de discriminación. Esto lo hace mediante una línea telefónica gratuita a la que se puede acceder desde cualquier punto del país durante las 24 horas: 0800-999-2345.
Pero también hay otro aspecto de la discriminación, que excede lo que define la ley y que es mucho más frecuente. Nos referimos a esos usos sociales más amplios, que ocurren aunque haya una ley que condene. Por ejemplo, cuando la máquina del colectivo rechaza la moneda y el chofer le dice al pasajero «¡bolita tenías que ser!». Esta forma de discriminación, enormemente difundida, no se resuelve solamente con una ley por más que la ley sea mejorada. Son necesarias otras acciones: una política pública integral contra la discriminación, que incluya la sensibilización, prevención, y la difusión de derechos y de sus mecanismos de protección.
Según la investigación del INADI, el 62% de las personas piensa que los bolivianos y las bolivianas son las personas más afectadas por la discriminación. A esta información es necesario agregarle que la colectividad no acostumbra a exteriorizar esta realidad, ni a denunciarla, inclusive no se trabaja sobre ello en la misma comunidad. Esto significa que el problema del que estamos hablando es entonces mayor de lo que nos presentan las estadísticas. Y los más vulnerables son por un lado, las personas que migraron recientemente, que no conocen sus derechos y por ello no están en condiciones de exigirlos; y por el otro los niños. Los niños, que son responsabilidad de todos los que somos mayores, sufren este flagelo de manera recurrente y será un desafío apuntar hacia ese sector para que no crezcan con el odio ni lo sufran desde tan temprana edad.