Por la calles de cualquier ciudad principal de España, cuando transitan las furgonetas de ruidos y luces extravagantes con ventanas enrejadas llevando dentro personas es seguramente porque «son ilegales y eso ya es suficiente».
Ver esos móviles recorre un miedo extraño por todo el cuerpo, por los mismos «miedos urbanos de transito», uno no sabe si seguir caminando o darse la media vuelta atrás.
Por esas mismas calles hace algunos días en la ciudad de Madrid un ciudadano boliviano de 22 años de edad con las iniciales A.R., fue subido a una de las furgonetas durante un control normal de identidad y al no tener regularizada su situación administrativa en España, fue trasladado al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la zona madriñena de Aluche, para que se procediera con su expulsión correspondiente. A.R. estaba más de dos años en España y trabaja en una empresa de enlatados industriales, quien comprendiendo que tenía que ser deportado se resistió a subir al avión, aportando que el juez no había contestado los recursos interpuestos por su abogado, en la decisión de su deportación. Éste contó en una carta que envió a la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados: «subieron dos agentes de la policía a sacarme de la furgoneta y como me agarré duro uno de ellos me empezó a golpear en el cuerpo y el otro empezó a tironearme de la mano me empezaron a golpear sin darme razón alguna, me trataron peor que un animal, tengo todo el cuerpo destruido porque no quise subir al avión». Se sabe que los agentes le trajeron de vuelta al CIE de Aluche, negándose a trasladarle a un centro hospitalario, como él pedía, para que fuera atendido por personal especializado. Dicha carta termina con una petición: «ruego al grupo de las autoridades que tome cartas en el asunto porque los inmigrantes también tenemos derechos como los demás y no por eso pueden tratarnos como ellos quieran». El pasado 19 de febrero, hermanas de A.R. presentaron una denuncia por «delito de tortura» ante el juzgado numero 50 de Plaza de Castilla. A pesar de la denuncia es probable que A.R. haya sido expulsado al día siguiente, cuando se cumple el tiempo máximo de su detención. Pasado ese plazo las autoridades estarían obligadas a dejarle en libertad sin bien con una orden de expulsión pendiente. Aunque la Policía informó que el ciudadano boliviano no se encuentra en el CIE de Aluche y que se lo habían llevado al aeropuerto de Barajas. Lo cierto es que por el momento los familiares no saben cual fue su paradero y el estado de salud. Una respuesta absolutamente desproporcionada que se escucha decir ante esta situación en la institución verde es «lo único es que no tienen papeles (D.N.I.), por eso el Estado les priva de libertad».
Es cierto que el Estado español niega los derechos a todo ciudadano que no está en regla y que la policía como tarea se presta a deportar «si fuese necesario» a aquel que no lo tenga; por ser policía con ese uniforme que infunde respeto y miedo, ellos no tienen derecho a maltratar físicamente a alguien de quien se sabe tiene pocas horas en este Estado. Es una aberración humana golpear, aprovechando ese verde azulado uniforme. Por ser moreno incluso morena, es motivo suficiente para darse el gusto de subirlos a la furgoneta. Distinción más racista no puede haber

                                                                                                                    Desde Sevilla: Wendy Inarra
                                                                                                          wendyinarra@yahoo.es