Un joven circula por nuestra ciudad, seguramente su madre estará menos preocupada porque de día parece que existen menos peligros que de noche, pero no es así. El caso del joven Edgar Espejo Parisaca nos demuestra que los peligros vienen también por parte de los que supuestamente nos tienen que cuidar, y que lo hacen en nombre del Estado.
Como publicó Renacer en la edición 110 (mayo de 2006), el 12 de marzo de ese año, este joven boliviano salía de comprar comida en un bar muy cerquita de Av. Rabanal (ex Roca) y Av. Varela. Allí fue interceptado por policías de civil, que amparados en su placa y creyéndose impunes, le robaron, lo golpearon, lo torturaron y finalmente lo remataron, dejándolo moribundo a orillas del Riachuelo.
¿Por qué eligieron a Edgar?
Porque no sólo lo consideraban boliviano, sino que quisieron asegurarse de ello y le pidieron su documento, y una vez confirmado descargaron todo su odio, y no hubiese pasado nada, si no fuera porque ocurrió el  milagro.
El milagro fue que no sólo Edgar se salvó, sino que vivió para contar a toda la sociedad lo sucedido.
Este esfuerzo vital de Edgar tiene que ser valorado y la sociedad tendrá que encontrar la forma de que no vuelva a repetirse, porque por más que la sentencia sea ejemplar, no va a solucionar el problema que tenemos.
Fueron los rasgos fenotípicos de Edgar que lo sentenciaron a sufrir violencia física y mental, por parte de los policías que lo subieron a un auto que pagamos todos, y lo acribillaron con las armas que nosotros les otorgamos.
Fue por su piel morena y sus rasgos indígenas que fue víctima de esta cacería social, porque si no tuviera DNI, podría haber sido tranquilamente argentino, boliviano, peruano o de cualquier país de este continente.
En la selección de las posibles «presas» no estaban incluidos los demás vecinos que tienen piel blanca, por más nacionalidad extranjera que tuvieran. Además de serlo, hay que parecerlo.
Pero los policías en cuestión no son seres aislados de esta sociedad, son vecinos nuestros que miran TV, escuchan la radio y van al supermercado, pagan los impuestos y tienen una escala de valores donde hay gente que tiene menos derechos que otra por su color de piel o por haber nacido fuera de Argentina.
Lo grave de todo esto es que hay mucha gente que cree esto, y mas grave es que las posibles víctimas lo crean. Algunas veces se escucha a algunos paisanos decir: «Como estamos en un país que no es el nuestro, tenemos que agachar la cabeza».
Como lo demostró un informe del INADI, la colectividad boliviana es la más discriminada. Vale aclarar que como la mayor parte de los que discriminan no piden DNI, muchos miembros de esta colectividad no son extranjeros, sino argentinos. Más allá de nacionalidades, estamos ante un problema que es de toda la sociedad y todos tenemos que actuar para que esto cambie.
Ya son numerosos los casos que toman estado público, como el robo seguido de torturas que sufrieron los quinteros de
Escobar, hasta el asesinato no aclarado de Marcelina Meneses y su bebé Josuá (argentino) que fueron arrojados del tren en Avellaneda.
Existe una Ley de Actos Discriminatorios (ley 23.592) que advierte que quien «arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados».
Esta ley se aplicó por primera vez en un juicio donde se acuso a tres jóvenes neonazis que desfiguraron a Claudio Salgueiro porque lo creyeron judío. En ese fallo, además de las lesiones graves y el agravante de odio racial, se aplicó el artículo 2 de la ley 23.592. Este artículo aumenta las penas de los delitos cuando hayan sido cometidos por persecución u odio racial, religioso o de nacionalidad: «Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso».
Este esfuerzo vital de Edgar para contarnos lo que pasó tiene que servir para que nunca olvidemos que no tenemos menos derechos que otros, que existen leyes que defienden estos derechos, y que hay que usarlas para que nuestros hijos no sufran este tipo de consecuencias.