La fiscalía de la zona tomó nota del caso luego de una denuncia realizada por otros tres adultos bolivianos. Estos trabajadores habían sido obligados a sembrar y cosechar verduras por un salario que nunca se les pagó. Además, explicaron que vivían en condiciones infrahumanas.
«Cocinábamos nuestra comida en el chiquero de los cerdos del lugar», se lamentó Mario Ibarra, de profesión albañil. El abogado Alberto Rivarola, que asistió a los cautivos, indicó que exigirán que la Justicia investigue a fondo el caso.
Además de Ibarra, la denuncia fue realizada por Juan Jurado Padilla y Santos Fermín Quispe Farfán, todos oriundos de Tarija (Bolivia). Hace más de tres meses que llegaron a la Argentina. Se trata de 12 personas, cuatro niños, que eran explotados y vivían hacinados en una quinta cerca de Pilar (Córdoba).
Según le relataron a la vicecónsul de Bolivia en Córdoba, Jimena Guzmán, le daban de comer las sobras, vivían hacinados en una habitación de cuatro por cuatro donde dormían cinco personas. La cocina estaba al aire libre cerca de un chiquero. No tenían baño. Habitualmente, trabajaban de lunes a sábado de 6 a 13 y de 14.30 a 20 y los domingos por la mañana.
Quispe (carpintero) y Jurado aseguran que vinieron engañados. «El que nos trajo también es boliviano y nos dijo que era un trabajo bien pagado. Nos quitó los documentos y ahora tuvimos que escaparnos», agregó el joven, luego de declarar. Algunos llegaron al sitio con parte de sus familias, pero fueron «fugándose» de a uno.
El dueño de la quinta sería otra persona de nacionalidad boliviana llamada Mario Vilte que les había prometido una paga de 200 dólares mensuales. Ninguno recibió un centavo y pasaban jornadas de hasta 16 horas de trabajo con un mínimo descanso.
La vicecónsul confirmó que a las tres personas les habían retenido sus documentos bolivianos por lo que no podían regresar a su país. «Ahora se les dio certificado de nacionalidad con los cuales podrán viajar a Bolivia. Por unos días se van a quedar en el Refugio de Cáritas. Su deseo es volver a su país, pero no tienen dinero para el viaje», indicó Guzmán.
El lunes, el consulado realizará una demanda por trata de personas contra Mario Vilte que incluirá otros casos similares registrados en el Consulado. Como en otros hechos similares, aquí tampoco hubo detenciones.
Enrique Prieto Terán, del Centro de Residentes Bolivianos en Córdoba, explicó que la intención era evitar que los menores fueran institucionalizados. Y agregó: «Esto se ha transformado en una práctica común. Es un delito difícil de detectar porque hay complicidad entre victimario y víctima».

Ab. Christian G. Sommer
Fac. de Derecho y Cs. Ss. UNC
Mercedes Assorati
Coordinadora Esclavitud Cero