Manifestación guaraní en La plata

Tres comunidades guaraníes volvieron a la capital bonaerense para hacer sonar su reclamo ancestral sobre las 6000 hectáreas que habitan en la provincia de Misiones en manos de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde el Valle de Cuña Pirú en Aristóbulo del Valle, a unas 2 horas al noreste de Posa-das, partieron unos 50 representantes de las comunidades Mbya Guaraníes Kapi´i Poty, Yvy Pita y Ka´ Aguy Poty. Viajaron 1300 kilómetros hasta La Plata en dos viejos colectivos Mercedes Benz para volver a buscar una solución al problema de la propiedad de la tierra que habitan desde tiempos inmemorales. Al volante iba, como siempre, el cantautor Joselo Schuap, conocido en Misiones por su incansable lucha por el derecho al agua y a favor de la multiculturalidad que caracteriza a su tierra colorada. Es que los Mbya Guaraníes llevan una lucha de 15 años para obtener la tenencia legal de 6.144 hectáreas que desde 1992 pertenecen a la UNLP. Ese  año fueron «donadas» por la empresa Celulosa Argentina S.A., que antes las había comprado a la maderera Garumí. Los motivos o condiciones de tan lindo regalo no quedaron claros ni siquiera para los actuales abogados de la UNLP.
Salustiano González es el cacique de la comunidad Kapi´i Poty. Tiene 42 años, es nacido y criado en el Valle de Cuña Pirú, y también desconoce porqué sus tierras fueron pasando de mano en mano. «Un día venía tal señor blanco y nos decía que ahora la propiedad era de tal otro señor blanco. A nosotros nadie nos consultó nunca nada. Por eso es que no reclamamos otra cosa que los papeles, los títulos de propiedad esos que nos pide la justicia del blanco. No podemos aceptar otra solución porque nuestra casa depende de ello». Desde que Celulosa Argentina se desentendió de las tierras, el reclamo pasó al ámbito público. En 1992 la provincia de Misiones decidió establecer en la zona un «corredor verde» para proteger el medio ambiente, pero prohibiendo el uso de la misma para las actividades de las comunidades.
A pesar que en 2001 Alberto Dibbern, el anterior rector de la UNLP, había anunciado formalmente el acuerdo que esperan los guaraníes, las actuales autoridades dieron marcha atrás con la promesa y propusieron en 2005 otra oferta: 700 hectáreas para las comunidades, 700 para la UNLP, y el resto en condominio. ¿Qué hay en esas tierras para que la universidad lo pensara dos veces? Desde 1996 se utiliza para que las facultades de Ciencias Naturales y de Ciencias Agrarias estudien lo que queda de selva y monte misionero, y un acuerdo con el gobierno provincial le adjudicó la responsabilidad de mantener la biodiversidad del lugar. La verdadera preocupación de las comunidades comenzó cuando se adjudicaba a la UNLP la propiedad por 20 años en carácter de reserva privada. Y aumentó cuando en 2002 se enteraron que se estaba por firmar un nuevo convenio con la entonces Subsecretaría de Turismo Nacional para destinar una buena porción de selva a una zona de turismo natural. «No les alcanza con no devolvernos las tierra, sino que enciman pretenden lucrar con ellas», se queja Juan Castillo, otro de los caciques de las comunidades Mbya Guaraníes.
«Nosotros somos realmente pobres y ni para el pasaje tenemos. Pero desde ese momento decidimos venir acá porque iban a seguir decidiendo el destino de las tierras sin nosotros. Por suerte, apareció el Joselo con los colectivos y ya nos pudimos subir algunos de los nuestros», dice Salustiano asegurando que esta vez permanecerán en La Plata el tiempo que haga falta. El primer día de su acampe, sin embargo, no se habían ni presentado los asesores de la universidad.
A decir verdad, a la UNLP no le faltan ni la razón jurídica, ni cierta coherencia en su postura, más allá de que sus autoridades se quejen en privado de que las comunidades «con Celulosa Argentina ni siquiera podían dialogar y a nosotros nos tiran a matar».
Sus títulos de propiedad son legales y legítimos, y sus autoridades siempre afirmaron en público que la solución debe llegar de la mano de un trabajo conjunto con todos los actores involucrados. Lo que se le reprocha es una actitud relativamente impropia para un organismo oficial de su prestigio, sobretodo teniendo en cuenta sus múltiples programas e investigaciones en pos de los derechos de las comunidades indígenas. Derechos que, por otra parte, están contemplados especialmente en el artículo 45 de la Constitución Nacional. Los caciques González y Castillo también afirman haberse mantenido propensos al diálogo: «No entendemos cuál es el problema en que la universidad siga haciendo sus trabajos en nuestra propiedad. No nos negamos a que vengan a estudiar o trabajar, pero que quede claro que son nuestras tierras, como si la propiedad les cambiara algo a ellos». Eso por no mencionar el hecho de que en dos años la UNLP, según «los lentos tiempos que marcan los estatutos», sólo conformó una comisión y un expediente que avanzan únicamente cuando las comunidades viajan a La Plata.
El problema de las apropiaciones (robos) de tierras de propiedad indígena y campesina ha sufrido un incremento en los últimos años, debido al alza de los precios de exportación de los “commoditties”. Toda zona donde se pueda plantar soja, es un botín preciado. Y la política del Estado argentino al respecto, como ejemplifica la UNLP, deja mucho que desear. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se creó como el regulador de estas problemáticas, pero su desempeño hasta aquí ha sido bastante flaco. Su ex directora Anna Suárez Smink denunciaba en 2004 que el INAI no tenía una política definida para relacionar el Estado con los pueblos originarios, por lo que en conflictos puntuales como éste ni siquiera actúa.
«Mire, yo no sé bien cómo decirlo, pero desde que nuestro pueblo tiene memoria, el hombre blanco tiene dos armas para atacarnos. Cuando no necesitan usar la espada, nos quieren civilizar, imponernos su cultura. Si no nos quieren o pueden matar, nos quieren manejar. Eso no ha cambiado», dice Salustiano. «Y nosotros vamos a seguir viniendo todo lo que haga falta. Para nosotros esta lucha es como la que daría un árbol por sus raíces; todo el resto de su cuerpo depende de eso. Hoy no tenemos ninguna garantía de que un día vengan y nos digan que ya no podemos pastorear, ni plantar sin permiso, ni vivir más acá».
El nuevo acampe de las comunidades en las instalaciones del rectorado de la UNLP terminó con una reunión entre los caciques y las autoridades en la que éstas se comprometieron, una vez más, a viajar a Misiones para seguir discutiendo el tema allá. La oferta de las 700 hectáreas fue rechazada de vuelta por los guaraníes, quienes aseguraron que en La Plata o Aristóbulo negarán cualquier acuerdo «que sea de palabra y no incluya los papeles».

Juan Eduardo Ruiz Collela