Cónsul alertó sobre explotación de bolivianos en quintas de Paraná y anuncio acciones legales
                    
El cónsul de Bolivia en Rosario se contactó con sus conciudadanos que fueron encontrados en condiciones infrahumanas trabajando en quintas de la zona de El Brete.
A criterio del funcionario boliviano es clara y notoria la explotación y esclavitud a la que eran sometidos menores y mayores por parte de los encargados de la huerta. Por esa situación, Williams Medrano anunció que se promoverá una demanda penal por las serias irregularidades detectadas, además de la falsificación de documentación para ingresar a la Argentina.
Medrano estuvo en Paraná varias horas y junto a una comisión policial de la comisaría séptima recorrió las quintas donde una inspección de la Defensoría de Pobres y Menores, de la Dirección de Trabajo y de la Jefatura de Policía, constató la existencia de bolivianos en condiciones irregulares.
El titular del Consulado de Rosario informó al final de la jornada a diario UNO: “Vinimos a Paraná para documentar a nuestros conciudadanos que fueron localizados en esta situación tan particular luego de que se denunciara la existencia de menores y mayores en las quintas”.
Medrano, luego de hablar con los bolivianos afincados en Paraná, llegó a la conclusión de que los mismos “eran sometidos a una vil explotación y a un sistema de esclavitud inaceptables desde todo punto de vista”, alertó, para señalar: “De los informes estudiados y lo que vi personalmente, demuestran situaciones penosas que llevan a los ciudadanos bolivianos a pensar en regresar a nuestro país”.
Ante esto, indicó que “desde el Consulado y los organismos de la Argentina, vamos a tener que trabajar mucho para que estas situaciones sean superadas”.
(…) Sobre el futuro de los bolivianos afincados en Paraná, explicó que “una vez que finalicen los trámites en Paraná, los dos o tres menores de edad regresarán rápidamente para ser entregados a sus padres, previa verificación de la documentación que acredite que son hijos de sus aparentes padres”.
Además comentó que “hay un grupo de bolivianos que podría llegar a quedarse en Paraná, y para ello se los va a documentar para que estén legalmente asentados en este
país”.
El funcionario boliviano que llegó a Rosario a fines de 2006 resaltó: “Es muy grave lo detectado, y por ello se promoverá una demanda penal, porque esto no puede quedar impune, y como tenemos la autoridad para ejecutar estas acciones, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se siente un precedente y estas situaciones vergonzosas no se registren más”.

Más casos
Medrano confió que a poco de llegar a cumplir sus funciones en el Consultado de Rosario, fue notificado de la existencia de un menor ingresado al país en forma irregular y que también era sometido a condiciones laborales infrahumanas.
“Sinceramente debo decir que esto no es nuevo en Paraná, ya que el año pasado se nos informó de la localización de un menor, conocido como Felipe. El pibe de 15 años estaba en la misma quinta donde ahora se descubrió otro grupo de bolivianos”, informó, para añadir: “Es claro y evidente que esta situación no es nueva, por el contrario, se venía repitiendo en forma regular desde hacía bastante años atrás, lo que revela que lamentablemente fallaron los controles desde todo punto de vista”.
El 20 de junio se realizó un amplio operativo policial encabezado por el jefe de la Departamental Paraná, Hugo Miño, y el director de Trabajo, Oscar Balla, allí constataron condiciones irregulares en el trabajo de siete bolivianos, quienes además vivían en condiciones deplorables.
Todo se originó por la denuncia de una niña de 12 años que se escapó del lugar y, al ser rescatada por la Policía, fue derivada a la Defensoría de Pobres y Menores, donde aseguró que ella y otras personas eran sometidas a la explotación laboral. En su relato la menor boliviana destacó que habían ingresado al país de modo irregular, en tanto que acusó al gestor de los traslados de acosarla sexualmente.
Diario UNO supo que la Dirección de Trabajo constató las condiciones infrahumanas en que trabajaban, además de establecerse pagos mínimos y casi canallescos por el trabajo a ejecutar en la huerta.
Balla señaló que por esta situación la legislación autoriza a aplicar multas de entre 250 y 1.000 pesos por cada trabajador encontrado. Aclaró que la multa se le aplica al dueño de la explotación y campo, es decir al titular de la huerta. Si esta persona luego quiere accionar judicialmente contra la persona boliviana que le alquiló la explotación, es un tema que en esta etapa no está en discusión, explicó el funcionario.
En ese marco, habrá que establecer qué sanción también dispone la Dirección de Migraciones que, basándose en los informes de Trabajo, de la Justicia y la Policía, está en condiciones de imponer multas económicas y hasta la posibilidad de la prisión del responsable y autor de las irregularidades detectadas en el trato laboral de personas.

(APF.Digital)