Los talleristas esperan soluciones que no van a venir de arriba

Mientras el gobierno nacional exige regularización a pequeños y medianos talleres. Por otro lado traba y dilata el traspaso de las facultades al gobierno de la ciudad, sobre la Ley 12.713 que fiscaliza y controla a los fabricantes y empresarios. Ésta establece que se use la policía de trabajo para ver si están cumpliendo con la responsabilidad que les toca a empresarios, talleristas y contratistas de pagar salarios y beneficios sociales. Es decir, el precio proporcional a la confección de cada prenda, clasificado por tiempo en minutos reales, por tipo de prenda, de tela y según el talle más un 12,5 % por las cargas sociales. Esto le pagaría la marca al tallerista quien a su vez pagará las cargas sociales a sus trabajadores.                                                                     
¿Qué sucede actualmente? Las marcas no pagan ni los precios justos proporcionales a la producción dispuesto por las leyes ni el 12,5 % por las cargas sociales. Entonces el tallerista carga con un precio por debajo de su producción y lo tiene que dividir en cargas sociales para sus empleados e impuestos tributarios por su tipo de elaboración. Eso le implica inicialmente, unos gastos por la habilitación entre 1200 a 1500 pesos por pago a arquitectos, escribanos, municipalidad, más los arreglos que deba hacer en la vivienda para que funcione con el taller.
¿Es justo que un tallerista que quiera reglamentarse a la ley para poder trabajar tenga que cargar con todo eso, mientras los grandes fabricantes digitan a su gusto los precios? ¿Es justo que los fabricantes siendo actores responsables de someter al trabajo esclavo a los trabajadores textiles no reciban ningún tipo de sanción o apercibimiento? Las leyes establecen que cuando existe una presunción de esclavitud o trata, el juzgado tiene la obligación legal de hacer un allanamiento simultáneo tanto a la marca como al taller, ya que ambos son solidariamente responsables. El trabajo esclavo existe y no es innegable tal situación, pero también es cierto que aquellos talleristas que emplean este sistema de abuso laboral se ven escudados en esos bajos precios por producción. A todo esto, el gobierno de la ciudad arremete con  todos los talleristas, pequeños, medianos y grandes; les retiene las máquinas y les exige habilitarse. Consultado el  Subsecretario de trabajo Ariel Leutier sobre las responsabilidades que recaen sobre el fabricante en el marco de la Ley 12.713 se manifestó limitado o impedido en sus facultades para exigir el cumplimiento de tal ley: «El tema central que hay en esta contravención, es que estas facultades están bajo la legislación de la nación que nos la delegó, pero el gobierno de la ciudad todavía no las aceptó. Una vez que lo acepten vamos a poder controlar todo lo que tiene que ver con el taller, vamos a poder controlar todo lo que tiene que ver con los precios de la producción. Es decir dependemos todavía de la Legislatura».                                                                              
Entonces ¿qué sucede? Nos encontramos otra vez limitados, frenados en el mismo lugar, no hay voluntad de acción para que se respeten los derechos de los trabaja-dores. El convenio de traspaso de facultades de Nación a Ciudad de la ley fue firmado por el poder Ejecutivo a mediados del año pasado. Para entrar en vigencia lo tiene que ratificar la Legislatura, desde entonces está archivado en la Comisión de Legislación General presidida por Jorge Enriquez, representante del Pro, partido político de Macri.
Después debería pasar a otra comisión y luego ser aprobada por el  Recinto para implementarla.                                                                                                      
Se sabe, que con manifestaciones frente a la Legislatura se aprobaron leyes y convenios sin pasar por el Recinto. Por otro lado no se tiene en cuenta el convenio 177 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que contempla el trabajo a domicilio, teniendo éste relación con la Legislación Argentina por las responsabilidades dadas a los patronos respecto de los trabajadores y donde identifica y diferencia a los obreros a domicilio de los patrones.
«Patrono es el que se dedica a la elaboración o venta de mercaderías, con o sin fines de lucro, y que encarga trabajo a un obrero a domicilio, tallerista o intermediario (Art.2b/Reg.118.755/42).                           
Uno de los problemas centrales que están causando el aumento de la flexibilidad en las relaciones laborales y el letargo para la implementación de las legislaciones, es que se está desdibujando la relación de dependencia del trabajador con el patrón. Escondiendo al obrero a domicilio en un «trabajador autónomo», «patrones y empresas hacen todo lo posible para evitar establecer relaciones laborales de dependencia. La contratación «por obra», el pago de honorarios y no de salarios, la exigencia de que los trabajadores estén inscriptos como autónomos, etc., son modalidades que se extienden» para que el obrero no mejore su calidad de vida, sino siga sirviendo a las grandes empresas amparadas en esos legisladores funcionales al sistema capitalista neoliberal.