Luego de las críticas recibidas por la renuncia irrevocable a su función, el Fiscal de la causa por la masacre de "febrero negro" modificó su decisión.

El Fiscal General de la Nación, Pedro Gareca, quien está a cargo de la causa por el juzgamiento al ex dictador Gonzalo Sánchez de Losada y sus colaboradores por la masacre de febrero de 2003, decidió continuar en su puesto luego de haber sido criticado por presentar su renuncia irrevocable.

Gareca anunció la permanencia en sus funciones luego de escuchar el pedido del presidente del Congreso Nacional, Milton Mendoza, quien a su vez hizo lugar a la solicitud de rechazo de renuncia de la Asociación de Fiscales de Bolivia.

Mendoza declaró que el papel de Fiscal es "fundamental" en el desarrollo de los procesos, al punto que su protagonismo difícilmente puede ser sustituido como en otros órganos.

La decisión de la renuncia había puesto en peligro el juicio oral contra 9 ministros de Goni quienes ocasionaron más de 60 muertes y 400 heridos a ciudadanos que se oponían a la exportación de gas a Estados Unidos a través de Chile. Esto había generado preocupación y malestar en los organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y el gobierno.

El 13 de febrero de 2006, a 3 años de "febrero negro", el presidente Evo Morales solicitó abrir la posibilidad legal de enjuiciar a Goni y sus colaboradores ya que la Fiscalía General aún no había podido abrir la persecusión penal en contra de los sospechosos de haber causado las muertes. También Morales pidió al Gobierno de EEUU que expulse al ex mandatario de su territorio para que se someta al juicio.

El 8 de diciembre de 2005, el Congreso Nacional había rechazado el juicio de responsabilidades contra Goni y sus ministros, debido a que el requerimiento de la Fiscalía General expresaba que no había materia justiciable (elementos legales y fácticos) para abrir proceso penal. Como reacción, el MAS presentó un recurso de inconstitucionalidad de la resolución congresal ante el Tribunal Constitucional.

Los familiares de las víctimas esperan los avances en la resolución del juicio y confían que el nuevo gobierno hará justicia.