El 9 de marzo la empresa Andina, subsidiaria de Repsol fue allanada debido a una acusación de contrabando. El gobierno español salió a defenderla y sus directivos fueron detenidos y están libres bajo fianza.

La Fiscalía del Distrito de Santa Cruz allanó el 9 de marzo las oficinas de la petrolera Repsol-YPF, que capitalizó a Andina, en busca del presidente de la empresa, Julio Gavito, y del gerente general, Pedro Sánchez., por no haberse presentado a declarar por el supuesto caso de contrabando de 230.000 barriles de petróleo, por un valor que supera los $us 9 millones y que denunció la Aduana Nacional.

Este hecho se produjo en el marco de las negociaciones que se venían realizando entre la empresa privada argentino-española y la estatal boliviana YPFB. Repsol se había comprometido a ampliar sus inversiones por 150 millones de dólares para la construcción de tres plantas con los objetivos de procesar urea, generar electricidad con valor agregado y multiplicar la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la construcción de un gasoducto entre Carrasco y Cochabamba. El presidente ejecutivo de Repsol YPF Antonio Brufau había anticipado que la empresa acataría la nueva Ley de Hidrocarburos (3058), aceptando el cambio de modalidad de contratos. Justificándose en que "Bolivia es el epicentro de una región energética muy importante".

La acusación de contrabando de crudo contra Andina ya viene desde el año pasado cuando la Aduana Nacional inició una investigación contra la filial de Repsol YPF, la capitalizada Andina, por el presunto contrabando de 215.000 barriles de petróleo. Se denunció que existía un desfase entre la exportación que Andina envió hacia la refinería Norte de Argentina. Anteriormente Brufau ya había asegurado que fue un error administrativo, pero que "desde un punto de vista penal, dolo contra el Estado no se ha cometido".

La compañía Andina opera en el 4,8 por ciento de las reservas probadas y probables de gas natural de Bolivia, calculadas en 48,7 trillones de pies cúbicos (TCF). Está asociada con Repsol YPF, que es la segunda más importante del país, porque tiene participación en un 21,9 por ciento de los yacimientos existentes en el país.

El 8 de marzo, el juez décimo de Instrucción en lo Penal, Zenón Rodríguez, ordenó la suspensión provisional de la investigación contra la petrolera, porque Repsol había presentado un recurso para que se analice si el caso continuaría por la vía penal o administrativa. Sin embargo Rodríguez revisó su decisión y ordenó el allanamiento.

Las opiniones acerca de esto son disímiles y la situación se presenta confusa.

En Repsol YPF, calificaron el allanamiento como un acto ilegal debido a que el juez estaba recusado. Afirmaron que Gavito y Sánchez no se habían presentado porque el juez de la causa había suspendido la investigación y reiteraron la inocencia de sus representantes en Bolivia.

El gobierno de España se mostró preocupado y calificó la acción como injusta, incluso la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid se solidarizó con Repsol.

Por parte del gobierno boliviano, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, indicaron que no se pronunciarán sobre el allanamiento para respetar la independencia de poderes; mientras que sobre el pronunciamiento del Gobierno español, señalaron que la oficina encargada de responder es la Cancillería de la República. Por su lado, Ángel Álvarez, el Fiscal adscrito a la Aduana explicó que "La solicitud de allanamiento (…)es desde todo punto de vista legal. Continuaremos con las investigaciones.".

Repsol YPF es uno de los mayores inversores en el millonario negocio de gas natural de Bolivia, que el año pasado generó exportaciones por casi 1000 millones de dólares.

Al cierre de esta edición Gavito y Sánchez fueron detenidos la noche del 14 de marzo en Santa Cruz de la Sierra.

Habían presentado un habeas corpus que presentó Repsol YPF en defensa de los derechos y garantías fundamentales de sus directivos, el cual fue declarado improcedente.

Horas después, por orden del juez Zenón Rodríguez, consiguieron su libertad bajo fianza pagando 400.000 bolivianos ( 49.566 dólares) y con la promesa de no salir del país y declarar ante el fiscal.