El grupo de choque de cruceñistas al ataque

Desde hace mucho tiempo que la derecha de Bolivia ha utilizado las herramientas de lucha de los movimientos sociales.

A inicios de este mes de septiembre, de la forma más fascista la Unión Juvenil Cruceñista (UJC)–con sus tentáculos en el en las ciudades de Cobija, Trinidad, Tarija y Sucre– primero robó, destruyó y ocupó varias dependencias de la administración pública. Todo esto impulsado por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien a la voz de “IDH o muerte” azuzaba a sus jóvenes unionistas a realizar este vandalismo, repudiado por los mismos cruceños cívicos. Costas, al igual que los prefectos opositores al gobierno, exigen que no se destine los dineros del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) para la Renta Dignidad, un bono para adultos mayores.
Estos “cívicos” saquearon y ocuparon instituciones estratégicas: Impuestos Internos para consolidar su propio sistema impositivo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para manejar a gusto el tema de fondo que pretende cambiar el gobierno: el saneamiento y la posesión de la tierra, la recién nacionalizada ENTEL que garantiza el control logístico comunicacional, los aeropuertos y terminales terrestres para el control del ingreso y salida del departamento y también intentaron tomar el control de los pozos de producción de gas natural, mediante el cual se exporta a Brasil y Argentina. “Ahora estas instituciones  pertenecen a la autonomía, pertenecen a Santa Cruz”, sentenció el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic. Los grandes medios de información denominaban a este vandalismo: “ocupación pacífica”.
En Santa Cruz, y en las demás ciudades del oriente, también fueron destrozadas las oficinas de Canal 7, la oficina de los indígenas del oriente CIDOB, el Senasag, radios afines al gobierno, dependencias del Ministerio de Agricultura, Migración, la Dirección Departamental de Trabajo, Correos, Superintendencia Forestal, Aduana, Servicio Departamental de Educación, Bienes Incautados, la Administradora Boliviana de Carreteras, la Gerencia de Comercialización de YPFB y además de las Delegaciones Presidenciales. La intención era, según reza sus estatutos autonómicos, que estas instituciones sean dirigidas por las respectivas prefecturas. También se quemaron casas y se atentaron con explosivos donde residían personalidades que no comparten el punto de vista de la posición cívica-prefectural. Incluso se quiso quemar el mercado principal del Plan 3.000, bastión del gobierno en Santa Cruz. En respuesta, los masistas ocuparon e incendiaron casas y oficinas de la UJC cercanas al Plan. Las pérdidas son millonarias, por ejemplo la toma violenta e ilegal de instalaciones petroleras en el Chaco superan los 100 millones de dólares. Un decreto del gobierno establecía que todas estas pérdidas económicas se las iba a descontar a las prefecturas respectivas.
Ahora, que el diálogo ha prosperado entre el gobierno y la oposición, de a poco se devuelven las oficinas saqueadas. Y con la feria Expocruz –la vitrina comercial de oriente– se decidió pacificar las regiones en conflicto, pero algunos jóvenes unionistas que fueron utilizados para este fin se sienten engañados porque el grito de “IDH o muerte” sólo fue una demagogia.

Richard Sánchez